Por Felipe Manterola, co-founder de wherEX
Los fraudes aumentaron en Chile durante la pandemia con presencia de corrupción, colusión e incluso sobornos en instituciones públicas y privadas. Así lo indica el Informe Integrity Global 2022, donde el 19% de los encuestados señala haber sufrido un ilícito de este tipo en su organización durante los últimos 18 meses; 4% más en relación al 2020.
El reporte, realizado por la consultora EY desde hace 10 años y que se publica cada dos, también revela que el 12% toleraría una conducta poco ética de sus proveedores a fin de mejorar su carrera o sus remuneraciones.
Según la Asociación Americana de Examinadores de Fraudes Certificados (ACFE), el tiempo promedio que las empresas tardan en detectar fraudes es de 14 meses. Esto se traduce en una pérdida promedio del 5% de sus ingresos cada año o bien, 8300 dólares cada mes. Así lo comentaba recientemente el abogado Ignacio Larraín, de PPU, estudio legal con presencia iberoamericana.
En Chile, la ley 21.121 que tipifica figuras delictuales en torno a los delitos de corrupción de funcionarios públicos y particulares, en conjunto con la Ley de Libre Competencia, regulan la normativa ética del mercado. Estas herramientas han generado un cambio paradigmático en las áreas de abastecimiento de las organizaciones públicas y privadas, donde las TIC’s aportan al compliance y cumplimiento de la normativa jurídica.
Utilizar tecnología e inteligencia artificial en el análisis de datos de compras industriales es determinante para lograr un mercado transparente, competente y con mayor participación de proveedores. En nuestro caso, el sistema de data analytics permite tener un mayor control en las empresas, ya que se pueden configurar diferentes tipos de alertas sobre comportamientos anómalos en los procesos de abastecimiento.