Para nadie es una novedad que la población de Chile está envejeciendo y en eso los datos son contundentes: según el Censo de 1992 un 6,6% de las personas tenía 65 y más años, casi tres décadas más tarde el Censo 2017 arrojó una cifra que alcanzó el 11,4%.
Pero más allá de los números hay una realidad humana que como sociedad debemos enfrentar y que al parecer no tenemos muy presente. Según detalla la abogada de Venegas y Cía., María Teresa Rubio: “Lamentablemente al hablar de vejez y envejecimiento, se tiene una percepción negativa. Tener un envejecimiento activo debería ser un derecho para cada habitante de Chile. Contar con un bienestar material y justicia social, debe ser la punta inicial en todo estatuto protector de las personas mayores”.
La profesional agrega además que “debemos educar y capacitar a las personas mayores, con el objetivo de entregarles herramientas para evitar precisamente casos como el del Hogar de Ancianos de Chiguayante. Nuestro ordenamiento jurídico consagra el deber de asistencia y socorro, los hijos estamos obligados a cuidar de nuestros padres en su ancianidad, en el estado de demencia y todas aquellas circunstancias en que necesiten auxilios”.
“Un envejecimiento activo debería ser un derecho”, María Teresa Rubio, abogada de Venegas y Cía.
El hogar de ancianos como alternativa
Ya sea porque los ancianos no tienen familiares que puedan cuidarlos o porque estos no cuentan con las condiciones para hacerlo los hogares de ancianos se convierten en una alternativa para acogerlos. Aquí es donde surge la interrogante sobre quién se ocupa de fiscalizar su correcto funcionamiento. Tal como explica la abogada Macarena Venegas “en rigor es el Seremi de Salud, quien debe fiscalizar que estas instituciones cumplan con el estándar mínimo, es decir, con las condiciones de seguridad y personal adecuado para cuidar a personas de la tercera edad”. Si esto no se cumple detalla que “el Seremi debe decretar la prohibición de funcionamiento de la institución, dando un plazo de 15 días de cierre para que las personas sean reubicadas en nuevos hogares”.
Por su parte María Teresa Rubio enfatiza que “se debe seguir trabajando en mejorar el sistema de protección de las personas mayores y considerarlos como sujetos de derechos plenos, otorgando oportunidades y generando cambios que signifiquen un envejecimiento activo”.
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